Por el Mayor general (r) HECTOR DARÍO CASTRO CABRERA
Presidente del Colegio de Generales de la Policía Nacional.

 

El orden Jurídico que se acuerda para una comunidad asentada en un territorio, materializa la existencia de un Estado de derecho, es decir consolida la existencia de un Estado. Sin este ingrediente  es  imposible  concebir  una  nación  jurídicamente organizada.

En nuestra vida republicana la historia de esta normatividad fundamental, data desde el mismo 20 de julio de 1810, con  el  Acta  del  Cabildo  extraordinario  de  Santafé  de  Bogotá  (20  de julio) y sigue con el Acta de la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro (15 de agosto); Constitución de Cundinamarca (30 de marzo de 1811), Acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada (1811); Constitución de la República de Tunja; Constitución del Estado de Antioquia; Constitución del Estado de Cartagena de Indias; Constitución del Estado de Mariquita; Constitución provincial de la Provincia de Antioquia; Plan de reforma o revisión de la Constitución de la provincia de Cundinamarca de 1812; Congreso de Angostura; Congreso de Cúcuta; Reforma ante la Separación de Ecuador y Venezuela de la Gran Colombia (1830); Constitución de 1843;
Constitución de 1853; Constitución de 1858; Constitución de Rìonegro (1863), reformada en 1876, con el mismo modelo federalista y la creación de la República de Colombia, según la Constitución de 1886 que regresa el modelo centralista, constitución de exquisita redacción, cargada de buenas intenciones e inspirada en un modelo bien proyectado que con varias reformas logró sobrevivir por más de cien años; para finalizar con la Constitución de 1991 que define a Colombia como un estado social de derecho, vocación que aún mantiene en los asociados  la esperanza de hacer de este propósito una realidad.

Esta completa relación histórico-constitucional es más que suficiente para demostrar que se han hecho muchos esfuerzos para diseñar una normatividad que permita establecer unas reglas generales que conduzcan, real y efectivamente, a fijar una orientación clara para realizar los fines que anhela una sociedad en que todos y cada uno de sus integrantes deben interactuar para procurar el logro de unos objetivos comunes que correspondan a la realización de un proyecto en beneficio de todos los ciudadanos por igual.
En ninguno de estos intentos se habían  ocupado de establecer unos parámetros  claros  y  precisos  para organizar  una  Institución  esencial para cualquier sociedad, como lo es la Policia, aunque es preciso aclarar que en la Constitución del Estado de Antioquia se manejó el concepto de fuerza pública cuando se expresó que, en lo relacionado con las
fuerzas armadas, su objetivo era defender  al  Estado  de  todo  ataque  e irrupción enemiga y evitar conmociones en lo interior, manteniendo el orden y asegurando la ejecución
de las leyes. Se expresó, por primera  vez  con  estos  términos,  que  la “fuerza pública” es obediente y que en ningún caso tiene derecho pardeliberar, pues siempre debe estar sumisa a las órdenes de sus jefes, es decir, al poder político.

Solo hasta cuando se decidió procurar una modernización de nuestro estado, después de un importante proceso de paz que terminó con un conflicto armado, aunque no muy antiguo, que sí contaba con algún ingrediente político permitió considerar esa posibilidad de fijar en la ley fundamental las bases para crear una Policia que contribuyera a la construcción de una convivencia en este naciente estado social de derecho de 1991.

Desde entonces, la Policía tiene definición y bases constitucionales, funciones  y  roles  bien  definidos,  incluida  la  función  de  investigación criminal, que ha significado un importante aporte a la lucha contra la impunidad.  Debemos,  pues,  reconocer  la  genial  y  muy  acertada  intervención  del  mando  policial  de  turno  que  con  una  bien  concebida estrategia,  logró  llevar  de  manera  convincente,  al  órgano  reformador, la  necesidad  de  darle  vida  constitucional  a  la  Policia  Nacional  y  con acertados planteamientos supo llegar hasta el propio seno de la Asamblea Nacional Constituyente y con sus sólidos argumentos convenció a los constituyentes de la necesidad de darle categoría constitucional a la Policía de los colombianos. El equipo de trabajo que se conformó en esa época, merece el reconocimiento de todos los policías y de la sociedad
en general, por lo cual se le debe rendir un homenaje igual o superior al que se le ha rendido a quienes tramitaron ese gran proyecto de la nueva constitución que, con todos sus defectos, le han significado unas buenas de reformas que nos han permitido vivir 25 años en una situación de gran expectativa, para mantenernos esperanzados en que esa concepción de  un  estado  social  de  derecho,  por  fin  se  convierta  en  una  realidad para obtener una posición general a través de un desarrollo humano que dignifique a  las personas y les permita las oportunidades necesarias para que comiencen a creer en su organización y confiar en sus dirigentes.


No  me  atrevo  a  mencionar  las  personas  que  fueron  coartífices  de esta titánica labor al interior de la Policía Nacional, pero sí me permito sugerir que nos unamos para rendir un merecido homenaje a quienes bajo el liderazgo del entonces Director General, el señor General Miguel Antonio Gómez Padilla, cumplieron tan importante misión que nos ha
permitido tener una institución con fundamentos de orden y jerarquía constitucional, por primera vez en la  historia  policial.  Dentro  de  este contexto,  hoy  contamos  con  un
nuevo  Código  Nacional  de  Policia  que  entrega  más  argumentos científicos  a  la  Policia  Nacional  y constituye una luz en el transporte para la actual y para futuras gene-
raciones  de  nuestra  sociedad,  que debe   seguir   haciendo   esfuerzos para lograr un ambiente más adecuado  de  civilidad  y  buen  comportamiento.


Dejo   la   inquietud,   especialmente  al  mando  actual,  para  que nos  convoque  a  este  justo  reconocimiento  y  renovar  su  mentalidad profesional  para  seguir  luchando.
por  darle  cada  día  mayor  solidez jurídica   y   fortaleza   institucional a  nuestra  siempre  querida  Policía Nacional.

 

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